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Vicente López Lo prohibido permitido
Entre barra bravas y vecinos aprobaron la “privatización” de la costa
Tal cual se preveía, el Concejo Deliberante de Vicente López aprobó -con una clara mayoría- la ordenanza que facilita el avance del sector privado sobre gran parte de la costa. Además, la nueva normativa permitirá que edificios de altura, 18 pisos, cubran toda la franja de la Avda. Libertador, y abre, por otra parte, la puerta para la construcción de un gran Centro Comercial en las inmediaciones de Gral. Paz y Libertador. Más precisamente detrás del hipermercado Carrefour. Allí, junto al empresario Carlos De Narváez, levantarán un gran edificio para albergar a más de 400 locales comerciales, cine y actividades destinadas al esparcimiento. Todas obras -tanto el centro comercial como los edificios de altura- que hasta antes de la nueva normativa, estaban prohibidas ejecutar. Sin embargo, el imperativo del intendente García era facilitar la inversión. Atento al reclamo del mandamás municipal, la mayoría que responde al oficialismo (con el acompañamiento del PJ y del PAUFE), dio cabida al pedido empresarial. De este modo, en medio de una escandalosa y sospechosa sesión realizada el 24 de diciembre del 2004, se aprobaba la nueva ordenanza. Cuestiones técnicas y políticas hicieron que recién el pasado jueves 21, los concejales votaran por “permitir el progreso”. Un progreso que trae en la valija, nada menos que decenas de millones de dólares para Vicente López. Sólo tres concejales dijeron no y presentaron un proyecto en minoría. Siguiendo y respetando aquello que venían sosteniendo en su campaña electoral, rechazaron los megaemprendimientos, convencidos de que “implicarán un fuerte y perjudicial impacto ambiental y repercutirán seriamente en la calidad de vida de miles de vecinos”, argumentaba en medio de la sesión, el concejal Luis Parodi, Pro-Recrear. Alicia Soria, Frente para la Victoria, y Blanca Díaz del ARI-Unión Vecinal, también se inclinaron por el voto negativo. La concejal Adriana Zvisa, del bloque Ari-Unión Vecinal, votó por el sí y lo propio realizó Juan Carlos Schneider y su compañero Arturo Stanick, ambos del Frente para la Victoria. Extrañamente, este último fue un férreo opositor de los edificios de altura. De hecho acompañó el reclamo de los vecinos, cuando detrás de su casa (en la calle Ugarte) intentaban levantar unas torres. Ahora las cosas cambiaron: los edificios están lejos de su vivienda.La pérdida de espacios verdes, la falta de un estudio ambiental serio y responsable, el no pensar en un progreso social para toda la comunidad y sobre todo para los sectores de menores recursos, y el no prever que habrá miles de autos más circulando por esa zona, fueron algunas de las críticas de los tres concejales. Tampoco perdieron la oportunidad, Soria, Díaz y Parodi, para recordar que “están entregando tierras públicas a sectores privados”. Y cuestionaron que el municipio no hiciera una Consulta Pública amplia entre toda la población.Del otro lado, el oficialismo de la mano del concejal Fabián Gnoffo, UCR, ahora K, le respondió que “todas esas argumentaciones son falsas”. Las retrucó manifestando que “hoy Vicente López tiene más espacios verdes que hace 20 años”, y agregó que “nadie va a invertir millones de pesos para que las redes cloacales colapsen”. También dijo que de la Consulta Popular, donde se presentaron 115 personas, sólo dos mostraron sus reparos, el resto estaba de acuerdo. Sobre una población que bordea los 300.000 habitantes ¿115 consultas es para enorgullecerse?. Todo esto dicho bajo un clima de tensión y rispideces. El clima se vio enrarecido por la presencia de decenas de barra bravas de River Plate, y algunos del club Colegiales, seguramente pagos y muy jóvenes, que amedrentaban a los pocos vecinos que pudieron acercarse a la sesión, en una jornada laborable. Y no faltaron los funcionarios y punteros del oficialismo municipal, que disfrutaban las bravuconadas de los barrabravas o las incontinencias verbales de algunos concejales.
[Edición #533 24.10.2006]Vicente López Los bloques opositores
Piden consulta popular por el avance privado sobre la costa
Los Concejales Luis Parodi (PRO), conjuntamente con su par Blanca Díaz (ARI-UV) presentaron un proyecto tendiente a un pedido para que el intendente de Vicente López llame a una Consulta Popular, para que los vecinos le voten por Si o No, sobre todo lo que rodea a la virtual privatización de la costa. La iniciativa de los concejales se basa en un recurso constitucional que ya han implementado otros municipios. Un recurso que es utilizado cuando las pretensiones oficiales van a contramarcha o dañan los intereses de la comunidad. En este caso, se refiere a las pretensiones del intendente Enrique García (imputado y con un pedido de juicio penal sobre su administración), que ha impuesto un proyecto costero que mereció el repudio de la oposición, pero la anuencia del oficialismo.Parodi dijo ante la prensa “que sólo se necesita voluntad política de parte del intendente, para instrumentar la consulta y para que su proyecto deje de ser verticalista”. La objeción del edil se compadece con las reiteradas críticas vecinales que han expresado por diferentes canales el rechazo al avance de grandes edificios sobre toda la zona de Libertador y la costa de Vicente López. “El proyecto -sostuvieron Díaz y Parodi- consagra la invasión de tierras públicas para explotación privada, hacia el Este del Vial Costero Proyectado, y el colapso de servicios públicos (cloacas) y de tránsito vehicular, dado que no se proponen soluciones adecuadas dentro de un Plan General de Ordenamiento Urbano para todo Vicente López”.Al igual que lo viene sosteniendo el Grupo Coincidencias, los concejales creen que Vicente López se encamina a ser lo peor que ofrece Belgrano: una ciudad sin espacios verdes, con caos vehicular y condenados a no ver nunca más el sol. En definitiva, “perder calidad de vida en pos de un supuesto progreso”, insisten desde el Grupo Coincidencias.Para comparar con una planificación urbana que no daña el medio ambiente, basta ver las distintas políticas que han tenido San Isidro y Vicente López respecto al eje de Avenida del Libertador. En San Isidro, edificios de no más de 3 ó 4 pisos y una arboleda no dañada. En Vicente López, caos de planificación, edificios con distintas alturas, invasión de veredas y una arboleda destruida. A buen entendedor, pocas palabras, concluyó el concejal Parodi.Con una administración municipal proclive a no escuchar los reclamos vecinales, se torna más que imposible que la consulta popular avance. Muy por el contrario, el intendente García, en sus casi 20 años al frente del municipio, le ha esquivado atender los distintos reclamos de la comunidad. A raíz de esta situación han surgido en los últimos años, varias agrupaciones que salieron con los botines de punta a la hora de criticar al mandamás de Vicente López.
[Edición #533 24.10.2006]Vicente López La justicia investiga corrupción administrativa
¿Honorarios millonarios?
Es un secreto a los cuatro vientos que los honorarios que recibe la mayoría de los abogados que defienden a muchos de los ex y actuales funcionarios municipales acusados por la fiscalía por hechos de corrupción administrativa, no salen de los bolsillos de éstos. Cabe recordar que en la mira judicial -en carácter de imputados- se sitúan, entre otros, el intendente Enrique García, su Secretario de Salud Guillermo León, su asesor Osvaldo “Azucarero” Simiele, su ex Secretaria de Hacienda Dora Zorrilla, y trabajadores de segunda línea del área de hacienda. De acuerdo con distintas fuentes, los abogados de los imputados, entre los que se encuentran Jorge Hernández, Manuel Orjeira, el ex asesor municipal Carlos Di Totto, Jorge Ferrari y Néstor Cafetzoglus, de sumo prestigio profesional, recibirían honorarios que exceden las posibilidades de muchos de los involucrados. Algunos de los acusados por la justicia son empleados o ex funcionarios, que difícilmente puedan oblar las cifras que se manejan en este tipo de casos. Una simple excarcelación o eximición de prisión podría rondar los $10.000, sin contar el hacerse cargo de la causa judicial. En reiteradas ocasiones, Lo Nuestro reflejó dichos de algunos de los imputados que aseguraban que “los honorarios de los letrados no salen de nuestros bolsillos”. Ahora se da cuenta de manera extraoficial, que uno de los estudios jurídicos, emplazado en San Isidro, habría cobrado la friolera de $1.200.000 para llevar la causa adelante. Un dato nada llamativo si se tiene en cuenta que Dora Zorrilla devolvió a la justicia- asumiendo las culpas y desligando al intendente de cualquier sospecha de corrupción- nada menos ni nada más que $1.300.000.
posted by ajibrujo @ 6:42 AM
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